Gran Colombia Gold alerta que minería ilegal produce 100 mil onzas de oro al año en Antioquia y Caldas

La invasión que mantienen los mineros ilegales en 200 yacimientos adjudicados a la compañía Gran Colombia Gold (GCG) propicia una producción anual de 100 mil onzas de oro (casi 3 toneladas), comercializadas al margen de ley.

El dinero proveniente de la venta de esa producción tiene como objetivo financiar grupos delictivos como el Clan del Golfo.

Las ganancias refuerzan sus filas con nueva militancia para cometer crímenes como sicariatos, secuestros y robos; según denuncias de las autoridades, los mismos habitantes y las unidades mineras formalizadas.

La cifra de producción ilegal corresponde a la minas de los departamentos de Antioquia y Caldas, donde la multinacional ejerce su actividad.

A la par, sortea los obstáculos hacia la expansión de sus proyectos por la incursión de grupos que explotan minerales sin la debida autorización.

Todas esas personas pertenecen a la llamada Mesa Minera.

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Según la compañía, la actividad no controlada también genera un gran saqueo de la plata en ambas regiones donde operan sus 4 unidades mineras.

Esta denuncia resalta en una carta que GCG envía mensualmente desde 2017 a la presidencia de la República.

La multinacional también remitió el escrito al Ministerio de Minas y Energía, la Secretaría de Minas, los cuerpos de seguridad y otras autoridades, con el fin de que se ejerza acciones militares o policiales que encaminen nuevamente el sector.

“De cientos de peticiones radicadas para la protección de nuestros derechos mineros (amparos administrativos), solo se ha resuelto unas pocas y las que se han resuelto no han sido ejecutadas por las autoridades”, señala la misiva.

Trabajadores de la Mesa Minera contribuyen a consolidar la explotación al margen de la ley

La Cancha y Las Mellizas, en Antioquia, fueron las últimas unidades mineras sobre las cuales emitieron un amparo administrativo que ordenaba el cese de la explotación.

Aunque la orden de la Secretaría de Minas apareció a finales de noviembre de 2018, los trabajadores adscritos a la Mesa Minera impidieron que se llevara a cabo ambos procedimientos por parte de la Policía.

Al final, el Gobierno no cumplió con la Ley y los grupos de mineros ilegales siguen explotando el oro y la plata en zonas para la que ya hay una titularidad establecida con la Gran Colombia Gold.

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